ASTURIAS
El Gobierno central pide a las comunidades
que respeten el reparto de competencias y recuerda que «las leyes obligan a
todos»
12.10.13 - 00:25 -
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El Gobierno del Principado recurrirá la Ley Orgánica para Mejora de la
Calidad Educativa (Lomce) aprobada este jueves por en el Congreso de los
Diputados con los únicos votos a favor del PP, pero no estará solo en su
insumisión: la Generalitat de Cataluña también ha anunciado que no aplicará la
reforma educativa desde 2014-2015 y que llevará la ley ante el Tribunal
Constitucional. Una rebelión a la que se han sumado también Canarias y País
Vasco y, de forma más contundente, el Gobierno Vasco, que no quiere aplicarla y
que además pretende impulsar su propia ley educativa.
El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, realizó el anuncio
tras la reunión del Consejo de Gobierno, que analizó en su sesión de ayer la
'Ley Wert' y que concluyó que «hay motivos más que suficientes para recurrirla»
ante el Constitucional.
«Estamos ante una agresión al sistema de igualdad de oportunidades y ante
un retroceso sin precedentes en uno de los pilares básicos de nuestro estado
como es la Educación», explicó Martínez, que añadió que este ataque «se ceba
con los alumnos, que son quienes van a definir un modelo de país».
Para el Gobierno asturiano, estamos «ante un auténtico atentado contra lo
público y la igualdad de oportunidades», ya que la ley impulsada por el
ministro José Ignacio Wert prima la educación en los centros privados sobre la
que se imparte en los públicos, abandonando la idea básica de una educación
como servicio público esencial.
No piensa lo mismo el Ejecutivo central, que pidió a todas las comunidades
que respeten, «como hace el Gobierno», el reparto competencial, en concreto en
el caso de la educación, y que, de paso, advirtió de que las posiciones
políticas no pueden ser motivo de los recursos de inconstitucionalidad que
puedan presentarse contra la Lomce.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió así al ser
preguntada en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Ministros por el asunto.
La Constitución, precisó la vicepresidenta, «atribuye al Gobierno la aprobación
de las leyes en materia de educación y su desarrollo y, en su caso, su
ejecución corresponde a las comunidades».
«Aquellas que consideren que la ley puede vulnerar ese reparto competencial
podrán recurrirla por esa circunstancia con arreglo a lo que establece la
Constitución, por violación de los preceptos constitucionales, pero,
indudablemente, las opciones políticas no forman parte de los motivos de esos
recursos», añadió Sáenz de Santamaría.
La portavoz gubernamental recordó, asimismo, que las leyes «obligan a
todos» y que el Estado «respeta» las de las comunidades dentro de su ámbito
competencial.
Las malas notas de España
«Pido a todos también colaboración porque estamos hablando de la formación
de los más jóvenes de hoy y mañana, dadas las altas tasas de desempleo»,
apuntó. Y, por eso, invitó a todos los grupos parlamentarios «a seguir
trabajando y mejorando todos los aspectos educativos», pues todos los informes
sobre enseñanza dejan «muy claro» que España no tiene buenos resultados.
«El sistema tiene muchos problemas, no es razonable mantener lo que no
funciona», enfatizó la vicepresidenta, que, a la pregunta sobre si la ley
podría ser cambiada sustancialmente en el Senado, contestó que la voluntad es
«atender cuantas enmiendas sea posible».
Finalmente, sobre una de las críticas que más se han escuchado en los
últimos meses, la de la falta de consenso, afirmó que, desde el principio, el
Ministerio de Educación ha abordado la ley con la comunidad educativa, las
autonomías y los grupos parlamentarios en un «amplísimo» proceso de audiencia.
«Pediría que, más allá de los posicionamientos políticos, podamos
entendernos en algo que es fundamental: resolver un sistema que se ha
demostrado que es un fracaso», concluyó.
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